La abogada ambientalista Graciela Vizcay Gómez denunció al gobierno de Santa Fe; al presidente comunal de la ciudad de Florencia, Rubén Carlos Quain, y al Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe 3) de Reconquista ante la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales (UFIMA) por 18 casos de niños víctimas de fumigación.
Gómez solicitó la intervención de la UFIMA, a cargo de Ramiro González, luego de tomar conocimiento del caso de los niños afectados luego de una fumigación con agrotóxicos sobre un campo de algodón, al no poder presentarse para constatar la denuncia y ante el “total silencio de las autoridades, vecinos y medios locales, siendo su silencio tan o más culpable del delito aquí cometido contra inocentes”, advirtió.
En su presentación, a la que tuvo acceso NOVA, Vizcay Gómez consignó que el 23 de enero último “un productor rural de Campo Hardy, perteneciente al municipio de la ciudad de Florencia, Departamento de General Obligado, fumiga un campo sembrado con algodón a pocos metros de una vivienda donde viven familias que tienen varios niños”.
Al día siguiente, tres niños de entre 3 y 4 años “presentan llagas, pústulas y granos en la cara, manos, piernas y espalda”, uno de ellos con “lesiones en boca, pómulos, oídos, brazos y piernas”, detalló. Tras ser trasladados al Hospital de Florencia, el médico Rodolfo M. Locatelli extendió la certificación con el diagnóstico “Dermatitis aguda por contacto con agroquímicos”.
En tanto, señala la abogada, en otro sector del paraje, donde se encuentran 13 viviendas (de este a oeste), a pocos metros del mismo algodonal, una vecina manifestó que su hijo, de sólo 9 meses, presentó “ronchas y granos en toda la espalda, entre el pelo y la espalda” (ver fotos). Lo mismo había ocurrido en una anterior fumigación. En la misma guardia constataron que el menor de edad fue “afectado por agroquímicos aplicados al algodonal”.
“Asimismo, los vecinos señalan sus huertas y plantas de mandarinas, que crecen y se deforman para luego secarse, sin llegar a concretar el proceso de madurez. Muchos vecinos trabajan para el dueño del campo y se niegan a dar nombres”, consignó Vizcay Gómez.
La letrada indicó que “ante la falta de un listado de colegiados en la página web del Colegio de Ingenieros Agrónomos N°3 sede Reconquista, pudimos localizar a un solo ingeniero con esas características, que sería Demartín Gustavo Javier“, al tiempo que dejó ante el fiscal la tarea de “determinar la identidad del titular del campo de algodón fumigado, del aplicador o peón que realizó la aplicación que produjo tales efectos en los menores y del ingeniero agrónomo que firmó la receta”.
Antecedentes
Vizcay Gómez advirtió que es “de público conocimiento lo sucedido en Campo Hardy y sólo dado a difusión por tres medios independientes, lo que deja a las claras la connivencia y la complicidad de los que son sponsoreados por sociedades rurales locales y/o tienen alguna relación con los productores, fumigadores e ingenieros agrónomos autores de este delito, año tras año, sin ninguna medida ni precaución de parte de las comunas del norte santafesino, ni del gobierno provincial”.
“Lo mismo se repite en los parajes La Lola y Los Laureles, donde hay pequeñas comunidades mocovíes, afectadas por fumigaciones en cultivos de batata y soja, teniendo quien suscribe fotos del mosquito fumigador aplicando el veneno a metros de las viviendas, en el caso del paraje Los Laureles, el año pasado”, añadió.
En esa línea, recordó que “en julio de 2014 denunciamos ante la UFIMA la molienda de bidones de agrotóxicos a cielo abierto, en la localidad de Gómez Cello, en el departamento San Justo -expediente N° 1449/14-. Mientras tanto la Justicia santafesina, de manera vergonzosa, sigue tratando a estos delitos federales con el Código de Faltas”, cuestionó.
La letrada planteó que motorizó la denuncia en la UFIMA “ante la inacción, omisión, connivencia y desidia del gobierno provincial y comunal, solicitando su intervención expedita, tratándose de un delito penal y estando en grave riesgo la salud de muchos niños indefensos, lo cual es más que fundado motivo para temer un perjuicio inminente o irreparable”, por lo que solicitó “medidas urgentes para asegurar provisionalmente los derechos aquí cercenados”.
