Cortes sorpresivos de rutas, ollas populares y marchas a las casas de los funcionarios serán las medidas que el gremio estatal ATE resolvió ayer como parte del reclamo salarial al gobierno provincial.
Así lo resolvieron las asambleas que el sindicato realizó en distintas localidades de la prcovincia y que tuvo en la sede de Neuquén capital la convocatoria más importante. Hoy a las 8, en ese lugar, se comunicará la modalidad y la forma en que se llevarán adelante las medidas de fuerza. “Pueden ser todas juntas o no y eso es lo que informaremos”, indicó Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.
Por lo pronto, lo que continuará por tiempo indefinido son el paro y la toma de dependencias públicas, que no tendrán atención. Esto seguirá afectando también a las escuelas, donde no se podrá dictar clases en aquellas en las que sus auxiliares de servicio se adhieran a la medida de fuerza.
Quintriqueo, advirtió que “no hay que caer en las provocaciones del Gobierno”, en referencia a los dichos de algunos integrantes del Gabinete, como el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, quien señaló en su momento que el reclamo del gremio era político. “Los preocupados por las elecciones del domingo son los funcionarios, no nosotros. Cada uno ese día votará lo que decida, pero en cuanto al conflicto, vamos a seguir hasta que nos devuelvan la plata que nos sacaron”, señaló Quintriqueo.
“Vamos a ganar este conflicto cuando sea y donde sea. Estamos dispuestos a ir a una mesa si nos convocan, a marchar a la casa de los funcionarios, a hacer ollas populares o cortar las rutas de la provincia”, aseguró.
Hasta ayer, el Gobierno no se había comunicado con los dirigentes gremiales, quienes esperan una convocatoria a una mesa de negociación.
Conflicto
El cuestionamiento que hace ATE está vinculado a la liquidación de los sueldos en base a la inflación, tal como se estableció en el acuerdo salarial firmado con el Gobierno. El problema surge a partir de la interpretación que se le da a lo relativo al primer trimestre. Para esa instancia el acta firmada por las partes establece que los estatales iban a percibir un aumento que surgiera del promedio de los IPC de Neuquén, Córdoba y el que determinara el Indec a nivel nacional, más un 50 por ciento sobre ese incremento en carácter “excepcional”.
Este término es el punto de la discordia, porque para ATE implica que ese porcentaje se suma al básico y no se quita. Los estatales cobraron un 9 por ciento de aumento ese primer trimestre (6% que dio el promedio de los IPC más un 50% sobre ese monto) y pretenden que el 5,3% que dio la inflación del segundo se sume. Para el Gobierno no es así, sino que ese 5,3 se suma al 6%, lo que da una inflación del semestre del 11,3%.
Además, ATE reclama que se convoque a una mesa técnica donde se analice la evolución de los índices, algo que también figura en el acta firmada por las partes en marzo.
Las medidas de protesta son en reclamo por una supuesta mala liquidación del incremento salarial acordado en marzo con el Gobierno.
ATEN advierte incumplimientos
El gremio docente ATEN, a través de su secretario general, Marcelo Guagliardo, advirtió ayer que el gobierno provincial está incumpliendo algunos de los compromisos asumidos, como la recomposición de las partidas de comedor y la liquidación de haberes mal pagados durante marzo, entre otros aspectos. “Son diez mil compañeros los alcanzados por esto y el Gobierno hasta aquí no responde a la regularización de estos haberes”, indicó Guagliardo.
El sindicato realizó ayer un plenario en Las Lajas donde, además de las cuestiones locales, se analizó, según indicó el secretario general, “la situación nacional que es realmente preocupante, en función de lo que significan los anuncios de reformas laborales y previsionales”.
UPCN está a favor de la liquidación
El gremio UPCN avaló la liquidación salarial del Gobierno a los estatales por la que ATE se mantiene en pie de guerra. El líder del sindicato minoritario en el Estado provincial, Luis Querci, dijo que “los salarios se pagaron como se acordó en marzo”, pero cuestionó el incumplimiento en la ratificación de CCT del Ministerio de Salud.
Darío Díaz pedirá un jury para el juez que lo denunció
El intendente de Añelo, Darío Díaz, encaró un fuerte contraataque para defenderse de una acusación por asociación ilícita en su contra presentada por un juez de Cutral Co, en virtud de unos audios en los que el jefe comunal aparecía hablando con el sindicalista de la UOCRA Juan Carlos Levi. En una conferencia de prensa desde su lugar de trabajo, Díaz dijo que pedirá un jury contra el camarista Dardo Troncoso, a quien acusó de formularle una falsa denuncia. El magistrado llevó a la Justicia una denuncia contra Díaz y Levi por asociación ilícita en virtud del contenido de una supuesta conversación entre el intendente y el gremialista, que lideró el corte de los puentes de la Ruta 22 la semana pasada.
“Vemos muy mala intención, negligencia y alguna intención política del juez Troncoso”, declaró Díaz. Y adelantó: “Vamos a preparar una denuncia de mi parte por falsas denuncias ante el jurado de enjuiciamiento”. El intendente advirtió: “Solicitamos a la Justicia que nos haga llegar la notificación por escrito de la falsa denuncia que hizo el juez para poder defendernos”. Finalmente, no descartó iniciar una causa por daños y perjuicios.
Sitramune amenaza con un paro general en la municipalidad
“Nosotros vamos a continuar reclamando frente al palacio municipal. Lamentablemente, los vecinos van a tener que seguir escuchando el ruido que hacemos para que nos atiendan y probablemente llamemos a asamblea y terminemos en un paro general”, advirtió ayer el secretario general de Sitramune, Santiago Baudino, respecto del conflicto generado a partir del despido de 33 empleados municipales contratados.
El titular del sindicato de la ciudad sostuvo que el intendente Horacio Quiroga “debería ajustarse a derecho” y resaltó: “El ingreso a la municipalidad de Neuquén, según dice la Carta Orgánica en su Artículo 133, es por concurso público y abierto, directo a la planta permanente para cubrir todos los cargos”. Baudino indicó que sólo se puede contratar para una tarea específica (que, según el gremio, no es el caso de los despedidos) por un año.
