El diputado nacional de Neuquén por Cambiamos, Leandro López, adelantó a RíoNegro que la acusación realizada por el diario “El País” confirma “la impunidad con la que se manejó el gobierno de Jorge Sapag en todos esos años”.
El informe da cuenta de que la Banca privada d’Andorra (BPA) se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de Neuquén Jorge Augusto Sapag y su entonces ministro de Energía, Guillermo Coco.
Según dejó trascender la entidad bancaria, el ex mandatario que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares (alrededor de cuatro millones de euros) distribuyendo los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.
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“Lo debe investigar una justicia independiente. Lamentablemente la justicia neuquina está comprometida con el poder político ya que todos los jueces y fiscales han sido puestos ‘a dedo’ por ellos. Es difícil que los casos de corrupción avancen con esta justicia”, aseveró López.
El diputado señaló que ya existe una presentación judicial ante la justicia federal, en Capital Federal, contra el ex gobernador por el desmanejo que existió en las renegociaciones por las prórrogas de las áreas hidrocarburíferas en las que se manejaron miles de millones de pesos en forma muy poco transparente.
Esta nueva acusación “ratifica lo que ya está presentado en la justicia”, remarcó el legislador.
Más información: ¿Quién es Coco, el ex funcionario que Sapag quiso incluir como beneficiario?
En relación al caso de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia acusado de ocultar una cuenta bancaria en el exterior, López aseguró que el funcionario nacional “deberá tener que dar todas las explicaciones necesarias al Ejecutivo y presentarse ante la justicia para clarificar el tema. El presidente Macri fue muy claro al respecto”.
Sin embargo dejó en claro también que “la denuncia que cae el ex gobernador Jorge Sapag es por corrupción y lavado de dinero. Un tema mucho más complicado que el de Díaz Gilligan ya que allí estamos hablando de fondos públicos que iban a ser destinados a cuentas privadas, las de Sapag y Coco”.
“Todos estos casos, sin excepción, deben llevarse a la justicia”, remató.
El informe da cuenta de que la Banca privada d’Andorra (BPA) se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de Neuquén Jorge Augusto Sapag y su entonces ministro de Energía, Guillermo Coco.
Según dejó trascender la entidad bancaria, el ex mandatario que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares (alrededor de cuatro millones de euros) distribuyendo los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.
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“Lo debe investigar una justicia independiente. Lamentablemente la justicia neuquina está comprometida con el poder político ya que todos los jueces y fiscales han sido puestos ‘a dedo’ por ellos. Es difícil que los casos de corrupción avancen con esta justicia”, aseveró López.
El diputado señaló que ya existe una presentación judicial ante la justicia federal, en Capital Federal, contra el ex gobernador por el desmanejo que existió en las renegociaciones por las prórrogas de las áreas hidrocarburíferas en las que se manejaron miles de millones de pesos en forma muy poco transparente.
Esta nueva acusación “ratifica lo que ya está presentado en la justicia”, remarcó el legislador.
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En relación al caso de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia acusado de ocultar una cuenta bancaria en el exterior, López aseguró que el funcionario nacional “deberá tener que dar todas las explicaciones necesarias al Ejecutivo y presentarse ante la justicia para clarificar el tema. El presidente Macri fue muy claro al respecto”.
Sin embargo dejó en claro también que “la denuncia que cae el ex gobernador Jorge Sapag es por corrupción y lavado de dinero. Un tema mucho más complicado que el de Díaz Gilligan ya que allí estamos hablando de fondos públicos que iban a ser destinados a cuentas privadas, las de Sapag y Coco”.
“Todos estos casos, sin excepción, deben llevarse a la justicia”, remató.
